Estimado/a ciudadano/a:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la nota que me remitiera oportunamente por mail, a fin de hacerle llegar mi posición en relación al tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de retenciones móviles del Poder Ejecutivo Nacional.
El complejo conflicto planteado en razón de la implementación del sistema de retenciones móviles ha dejado de ser ya exclusivamente un problema entre el gobierno nacional y el campo. Lo que está en juego en este sentido no es sólo la definición de una política para el sector agropecuario, sino también la relación entre Nación y Provincias.
El Congreso Nacional, como ámbito natural de debate y construcción de consensos, es indudablemente el ámbito institucional adecuado para plasmar a través de leyes una política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario.
En este contexto, rechazamos el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, entendiendo que hay que volver a la situación del 10 de marzo pasado y modificar totalmente la resolución 125 que para nosotros es inaceptable. Asimismo, aportamos para el debate un conjunto de propuestas legislativas, no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria concebida en términos de política de Estado, convencidos de que:
- Debe avanzarse hacia un esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles-provincial, municipal y comunal- llevar el bienestar a sus ciudadanos.
- La resolución del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo con amplio consenso ciudadano que contemple el desarrollo de las economías regionales, hoy inexistente. En este sentido, sostenemos que es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, institucionalice un ámbito permanente de debate con un claro criterio federal. Asimismo, entendemos que el establecimiento de un Consejo Económico y Social como mecanismo institucionalizado de diálogo y concertación social que permita debatir colectivamente el proyecto de país, puede constituir un valioso aporte en esa dirección.
- El conflicto ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco caracterizado por la holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe ser distribuido a las provincias, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales y municipales.
Adjuntamos al respecto los proyectos de ley referenciados, y algunos artículos de opinión publicados en distintos medios de prensa.
Sin otro particular, lo saluda atentamente
Rubén Giustiniani
Senador de la Nación